Por Gladys Olavarría

En el marco de un hecho que muchos de los asistentes calificaron como “histórico” en los avances de nuestro País en lo que refiere a su participación en políticas de Prevención y Erradicación de todo tipo de Torturas, tratos crueles y Degradantes en los lugares de detención – entendiéndose como tal todo tipo de privación de libertad de cualquier ciudadano Nacional o Extranjero dentro del territorio Nacional, sean que caiga en cabeza de mayores, menores, personas internadas en instituciones mentales, mujeres u hombres, integrantes de pueblos originarios o trans-, se celebró la primer Asamblea del Comité Nacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o Degradantes. Asamblea que se encuentra prevista en el art. 40 de la Ley 26.827 sancionada en fecha 28 de Noviembre del 2012.

Dicho evento sucedió durante toda la Jornada del día 12 de Diciembre del 2018 en las instalaciones del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR – IPPDH- del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. De dicho evento participaron los presidentes de los Comités Nacionales contra la Tortura de los países vecinos de Brasil y el Dante Leguizamón representando a Paraguay, como así también el anfitrión y presidente del Comité Nacional contra la Tortura, Jorge D´Agostino, asimismo el evento convocó a mas de 150 participantes que conforman parte de los Poderes Judiciales de Distintas provincias, organizaciones no gubernamentales, integrantes de otros poderes del Estado, ex convictos.

Particularmente la provincia del Chubut contó con la participación de la Dra. Gladys Olavarría, Juez Penal del Colegio de Jueces de Comodoro Rivadavia, quien no solo recibió la invitación personalizada de parte de los organizadores del evento, sino que se posibilitó su asistencia debido al aporte dela Asociación de Magistrados de la Provincia del Chubut.

El objetivo del encuentro se centró en el análisis de los problemas prioritarios que existen en cada jurisdicción del país en relación a personas privadas de libertad, individualizando cuales son los problemas que pueden ser afrontados por el Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura y por otras instituciones que puedan abordar la problemática – defensorías, ombudsman penitenciario, Ministerios Públicos, etc – como así también se analizó la responsabilidad de la administración de justicia en esta temática, el estado del avance legislativo de cada provincia en la creación del Comité de Prevención contra la Tortura local, fortalezas y debilidades de los actuales sistemas de control y prevención. Una vez diagnosticada las problemáticas sobre las áreas antes desarrolladas se inició el debate interdisciplinario para confeccionar propuestas para el paliamiento de tales problemáticas.

Al momento de aperturar la Asamblea Dante Leguizamón, representante del CNCT de Paraguay, informó que en Paraguay actualmente se encuentran con el desafío de poder brindar información fidedigna y confiable a la sociedad civil a fin de transparentar la situación de que vivencia y padecen las personas privada de libertad. Paraguay se encuentra con la disyuntiva en la que los medios de difusión atentan contra el desarrollo de mejores estrategias en Políticas Públicas. Por su parte afirmó que se encuentra trabajando en temáticas como: Abuso de prisión preventiva, la muerte bajo custodia, el índice de ocupación carcelaria en el país, el crecimiento poblacional, los adolescentes privados de libertad, estadísticas de cárceles, protocolos de monitoreo, etc.
Durante la Asamblea se trabajó en distintas comisiones las cuales refirieron: a) Salud Mental y Menores de Edad, b) tortura y hostigamiento policial, c) Sistema Penitenciario en la Provincia de Buenos Aires y sistema Federal, d) Sistema Penitenciario y lugares de detención en las provincias.

La provincia del Chubut participó de esta última comisión la cual estaba integrada de una cantidad importante de referentes de distintas provincias del interior, a manera de ejemplo participaron: a) Defensores de la Provincia del Chaco, miembros del Mecanismo local de Prevención contra la tortura de la provincia de Misiones, Litigantes representantes de ong´s especializado en la temática de la provincia de Corrientes, integrantes de la ong´s denominada “Mujeres tras las rejas”, integrante de la ong´s perteneciente a “familiares de desaparecidos por razones políticas”, Funcionarios integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Integrantes de la organización Violencia Institucional de Rosario provincia de Santa Fé, Defensores Públicos de Santa Fe, integrantes de Asociación Pensamiento Penal de Salta, Corrientes, Santa Fe, Neuquén y Chubut, ex – internos del sistema penitenciario, entre otros.

Luego de un amplio debate respecto de las temáticas referenciadas, y de acuerdo a la información que aportó cada uno de los integrantes de la comisión que trajo aparejado una visión rápida y certera de la realidad carcelaria en el interior de nuestro país, la comisión llegó a la conclusión que se debía realizar las siguientes propuestas a la Asamblea General del Comité Contra la Tortura:
• La creación de un registro de Buenas Prácticas de cada provincia,

• la capacitación de los integrantes del sistema penitenciario para utilizar nuevas herramientas de solución de conflictos –tales como la mediación- en sumarios disciplinarios a fin de evitar las sanciones,

• Se advirtió la imperiosa necesidad de la implementación de audiencias orales y adversariales en la etapa de Ejecución de Condenas – sistema ya implementado en Chubut y Mendoza-,

• La unificación de criterios para permitir el ingreso de ONG´S en los lugares de detención, dicha propuesta tiene que ver con la realidad de que en algunas provincias los jefes o Comisarios a cargo del lugar de detención prohíbe el ingreso de tales organismos o lo llena de tramites burocráticos evitando el adecuado control de los lugares de detención,

• La necesidad de trabajar en un protocolo de protección de testigos que prestaran declaración en causas de tortura, ya que los mismos generalmente continúan detenidos y son altamente vulnerables,

• La necesidad de que los Ministerios de Salud, Educación y la Secretaría de Trabajo tengan una participación mas activa en el área de Ejecución de Pena,

• Que los integrantes del Comité realicen entrevistas de los familiares de los internos fuera del ámbito carcelario a fin de evitar represalias,

• La posibilidad de crear una Unidad especializada de la Defensa Pública que opera dentro del ámbito carcelario,

• Obtener un parte diario de la utilización de los “buzones” o lugares de aislamiento de los lugares de detención, con el fin de lograr erradicar definitivamente el aislamiento de detenidos,

• Politices públicas a fin de revertir la situación de personas condenadas alojadas actualmente en Comisarías,

• Implementar un sistema de seguimiento de las Resoluciones Judiciales para determinar si los demás poderes del estado cumplen con las mismas y evaluar la posible responsabilidad de su incumplimiento,

• Instar a la conformación de los Mecanismos Locales de Prevención contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Todas estas propuestas fueron presentadas a la Asamblea y aceptadas por los participantes, asumidas como objetivos a ser trabajados tanto desde el Comité Nacional contra la Tortura como de parte de los representantes de las provincias que asistieron al evento.

Es importante destacar que los temas debatidos tuvieron de base información fidedigna, con la riqueza de ser abordados desde distintas perspectivas de estudio, conocimientos y vivencias, teniendo en cuenta la experiencia, profesión, cargo, vivencia, estatus, condición social de cada uno de los miembros que participó en el debate, otorgándosele la palabra a cada uno con sumo respeto y teniendo en cuenta cada aporte que fuera surgiendo de la mesa de discusión. Esto trajo a colación la importancia de las propuestas a la que arribó cada comisión y que posteriormente fuera abordada por la Asamblea.
También se tuvo en cuenta la falta de operadores que debieron participar del evento, esto es, integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y del sistema Federal, la falta de representantes del área de Educación, Salud y Trabajo, entre otros.

Gladys Mariela Olavarría:  Abogada. Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. Integro las cátedras de Derecho Penal I, Derecho Penal II, Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sedes Trelew y Comodoro Rivadavia. Capacitadora en Reforma Procesal Penal. Expositora en diversos Congresos y Seminarios tanto en temas penales como civiles. Becaria en diversas oportunidades por el Centro de Justicia de las Américas, CEJA. Integrante de la Asociación Pensamiento Penal capitulo Chubut, Pensamiento Penal, Juez miembro del Colegio de Jueces de Comodoro Provincia del Chubut.