La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, expresa su profunda preocupación por la falta de pago de los haberes de todos los integrantes del Poder Judicial, en la fecha que había sido anunciada, incumplimiento que por no ser la primera vez que se produce, exterioriza la improvisación con la que se determinan y anuncian las fechas de pago.
Pero además, no se puede soslayar que el incumplimiento reiterado siempre lo es respecto de los salarios de todos los integrantes de los Poderes Legislativo, Judicial y del Tribunal de Cuentas, sin advertir que con ello se ve seriamente comprometido el correcto funcionamiento de los mismos y de la forma republicana de gobierno, en tanto se gestan medidas de fuerza por parte de los empleados, ya no, con el sólo fundamento del pago tardío, sino en la falta de razonabilidad en el criterio de selección adoptado al momento advertir la insuficiencia de fondos para pagar los sueldos de toda la administración pública, que afectan de manera directa el servicio que estamos obligados a prestar a los ciudadanos.
En ese sentido instamos al Poder Ejecutivo Provincial a depositar a la mayor brevedad posible los haberes del mes de febrero de 2019, a cumplir los meses subsiguientes con el pago en el plazo legal y a evitar en lo sucesivo, a realizar promesas de fechas de cobro que finalmente no se cumplen, en tanto contienen una total falta de consideración de las consecuencias que ello produce en la administración individual de los trabajadores, que ya se ha visto deteriorada, no solo por el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país, sino por el pago de intereses que se derivan del pago tardío -involuntario- de las obligaciones previamente contraídas.
Por último, subsidiariamente y en el caso, en el que la real situación financiera de la provincia amerite un nuevo desdoblamiento del pago de los salarios, como ha ocurrido durante todo el año 2018, se sincere públicamente la situación, se informe con antelación y en lugar de resolver de manera antojadiza y bajo el riesgo de convalidarse un acto de gobierno discriminatorio, se mantenga el criterio mediante el cual, el orden de pago de los sueldos de todos los empleados de la provincia se establezca conforme su monto, de menor a mayor, que en la excepción, resulta ser protector de los que menos ganan, cualquiera sea el Poder del Estado en el que se desempeñen.
