Ante las manifestaciones efectuadas por la Dra. María Bottini durante una audiencia judicial y posteriormente reproducidas en distintos medios de comunicación, y dada la gravedad de los hechos denunciados, en tanto refiere haber recibido presiones para no investigar los hechos relacionados con la Mutual de la Cooperativa 16 de Octubre, la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut considera imprescindible que los mismos sean debidamente investigados por las autoridades competentes.
Desde hace tiempo venimos advirtiendo acerca del progresivo deterioro institucional que atraviesa nuestra provincia. Hemos señalado reiteradamente el debilitamiento de las garantías destinadas a preservar la independencia judicial y la autonomía funcional del Ministerio Público, la creciente pérdida de confianza ciudadana en los órganos de gobierno y control del sistema de justicia y la necesidad de fortalecer los principios republicanos que deben orientar su funcionamiento.
Las campañas de presión —políticas, mediáticas o económicas— encuentran un terreno propicio cuando las instituciones llamadas constitucionalmente a resguardar esa independencia —Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura y autoridades del Ministerio Público, cada uno en el ámbito de sus competencias— ven erosionada su autoridad institucional o no ejercen con firmeza las responsabilidades que les son propias. En tal contexto, aumenta el riesgo de que factores externos puedan influir sobre quienes deben decidir exclusivamente conforme al Derecho.
Resulta preocupante observar que quienes tienen el deber constitucional de resguardar la independencia judicial, en lugar de neutralizar este tipo de prácticas, las legitiman mediante el silencio, las respuestas tardías o, incluso, a través de decisiones que, objetivamente, aparecen alineadas con quienes ejercen esa presión desde determinados espacios políticos, económicos o mediáticos.
No se trata de una mera preocupación hipotética. Hemos presenciado, con honda inquietud, campañas de similares características a las denunciadas por la Fiscal que no han merecido la respuesta institucional adecuada.
En comunidades pequeñas, donde las relaciones institucionales y sociales son particularmente estrechas, el impacto de estas prácticas adquiere una dimensión aún más grave. La utilización del poder político, económico o mediático como mecanismo de presión sobre quienes tienen la responsabilidad de investigar, acusar e impartir justicia no solo afecta a quienes ejercen esas funciones, sino que compromete el derecho de toda la ciudadanía a contar con una Justicia independiente e imparcial.
Reafirmamos —una vez más— que la crítica a las decisiones judiciales forma parte del debate democrático y constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión. No obstante, una cosa es ejercer ese legítimo control ciudadano y otra, muy diferente, es transgredir los límites de esa libertad —que no es absoluta— generando campañas de exposición, hostigamiento o descalificación personal contra magistrados/as y fiscales cuyas decisiones puedan afectar intereses políticos, económicos o sectoriales.
Cuando estas prácticas se producen de manera sistemática generan un mensaje implícito para quienes deben resolver futuras causas. El problema entonces deja de ser individual y adquiere una dimensión institucional, instalando un mecanismo de intimidación incompatible con el funcionamiento de una Justicia independiente.
La independencia judicial es uno de los pilares esenciales del Estado constitucional, republicano y democrático de Derecho; por ello, su defensa constituye el objeto principal de esta Asociación. Ningún juez, jueza, fiscal o funcionario/a judicial puede ejercer plenamente sus funciones si sabe que cada decisión que adopte puede desencadenar una campaña política o mediática de descrédito profesional y/o personal que culmine con un juicio político en su contra.
Hemos dicho e insistimos en que defender la independencia judicial no significa proteger personas ni inmunizar decisiones frente a la crítica pública, inherente a la tarea. Por el contrario, significa preservar el derecho humano fundamental de la ciudadanía a que los conflictos sean resueltos por magistrados/as libres de todo tipo de presiones, intimidaciones o condicionamientos externos.
La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de críticas al sistema de justicia, sino por la capacidad de sus instituciones para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de investigar, acusar y juzgar puedan hacerlo con independencia, responsabilidad y serenidad. Allí donde se pretende que el miedo a la exposición pública pese más que la fuerza del Derecho, donde el descrédito sustituye al debate institucional y la presión pretende reemplazar los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, se debilita la Justicia y se compromete el derecho de la ciudadanía a obtener decisiones libres, imparciales y fundadas. En definitiva, es el propio Estado constitucional, republicano y democrático de Derecho el que resulta lesionado.