“El doble discurso del gobierno sobre los fueros: prometieron que votando por el SI quedaban eliminados; ante el requerimiento de las Naciones Unidas, afirman que siguen vigentes”
La Asociación Civil de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut expresa su sorpresa y preocupación ante la respuesta oficial al requerimiento formulado por la Relatoría sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU en materia de fueros e inmunidades.
La posición allí expuesta por la Provincia del Chubut resulta confusa y contradictoria con lo sostenido de manera reiterada durante la campaña electoral por la reforma constitucional, oportunidad en la que se afirmó de forma categórica que votando por el SI se eliminarían todos los fueros.
Sin embargo, en la respuesta enviada a la ONU, el Gobierno niega la eliminación de las inmunidades, afirmando que siguen vigentes. Llamarlas ‘funcionales’ o ‘limitadas’ no cambia lo esencial: los fueros siguen existiendo y tienen efectos jurídicos concretos, obligando a cumplir procedimientos especiales para levantarlos y proceder a la detención u arresto de un magistrado/a.
Esta divergencia entre el discurso público de campaña y la información oficial suministrada a un organismo internacional debilita la transparencia institucional y afecta la calidad del debate democrático, al introducir ambigüedad sobre el verdadero alcance de las reformas impulsadas.
Desde la AMFJCH sostenemos que las transformaciones en materia de fueros —estrechamente vinculadas a la independencia judicial, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al acceso efectivo a la justicia— deben ser abordadas con claridad, coherencia y honestidad institucional, evitando consignas simplificadoras que luego no se corresponden con las definiciones jurídicas efectivamente asumidas por el Estado.
Lo expuesto reafirma la necesidad de un debate público, serio y consistente, que permita a la ciudadanía conocer con precisión qué fueros se eliminaron, cuáles se mantienen y bajo qué fundamentos, así como la importancia de obtener un pronunciamiento judicial que determine con certeza el alcance real de la reforma constitucional recientemente aprobada.
20 de febrero de 2026.